Piden nulidad del decreto de Pulti sobre la vieja terminal

Se cuestiona la infracción a la ley que cedió las tierras y a las ordenanzas que aceptaron la donación. Exigen una medida cautelar que anule la designación de ETSA como iniciador privado. “Es una entrega burda” dijo el impulsor de la exposición judicial Eduardo Romanín

Patrocinado por el abogado Horacio Santana, Romanín realizó una presentación ante la Justicia para que se declare la nulidad del decreto que designó iniciador privado al grupo Emprendimientos Terminal S.A, para la puesta en valor del predio donde se ubica la vieja estación de ómnibus.

Los letrados expusieron diversos argumentos para que se haga lugar a una medida cautelar que anule la decisión del intendente Gustavo Pulti. Se basaron en la Ley 25.166 de cesión de tierras y en la ordenanza municipal 13.127 que aceptó la donación del bien por parte del Estado nacional hace una década.

En diálogo con El Atlántico, Romanín explicó que el predio de la ex terminal pertenece al dominio público municipal porque la Nación lo cedió gratuitamente en el año 2000. En ese momento, el abogado se desempeñaba como concejal y participó de la elaboración de la ordenanza que aceptó la donación. En la misma, se enfatizó que el destino de ese bien no podía ser otro que no fuese de orden cultural, algo que también marcaba la Nación.

En este sentido, Romanín sostuvo que Pulti “en lugar de seguir lo que dice la ordenanza y lo que él votó -era concejal al momento de sancionarse la norma- mediante presiones o situaciones de lobby, lo sometió a objeto de una iniciativa privada”.

De acuerdo al ex edil, durante el proceso “prevaleció lo estrictamente comercial”.

“Pulti decidió que ese predio debía ser otorgado a Emprendimientos Terminal S.A, en cuya propuesta, el carácter cultural es totalmente secundario”, remarcó.

En tanto, calificó a la maniobra como “burda y grotesca” al entender que el jefe comunal hizo caso omiso del informe expedido por la comisión asesora que se constituyó por la exigencia misma de la modalidad de iniciativas privadas.

Según Romanín, desde esta comisión se dejó asentado que el proyecto de ETSA “no incluye lo cultural, sino que tiene un carácter predominantemente comercial y por lo tanto, no se ajusta al objeto según la ordenanza y la ley”.

De acuerdo al letrado, el intendente “no hace caso de ese dictamen, no lo cita y simplemente dice que se concede la posibilidad de ser iniciador privado -que en la práctica es otorgarle el bien- a ETSA por una sola razón explícita: porque fue el primero que presentó el proyecto”.

“No se puede otorgar a alguien una obra de esta magnitud en función del que llegó primero”, sentenció.

Por otra parte, determinó que los plazos, en el derecho administrativo, no se cuentan por horas (hubo 4 de diferencia entre la presentación del grupo Roig y la de ETSA), sino por días.

“Los dos proyectos fueron presentados el mismo día. Además, el de Pelli fue presentado en la mesa de entrada de la Municipalidad y el de Aldrey Iglesias, en la secretaría privada”. La mención del empresario, dueño de un multimedio y cuantiosos emprendimientos en la ciudad, viene a la certeza de Romanín de que éste es quien se encuentra detrás del proyecto, aunque no figura legalmente entre los socios del grupo.

“El dato que tenemos -continuó- es que alertados de la presentación del grupo Roig, se envió por secretaría privada para reservarse ese derecho de ser iniciadores. Esto marca que de ante mano se sabía que este grupo iba a ser el beneficiario”.

En otro orden, Romanín señaló que en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) iniciada para hacer el proyecto “figura como socio mayoritario Néstor Otero, pero cuando se declara iniciador a ETSA, éste ya no estaba como accionista”.

“Retira el 45% y lo deja libre. Eso es una irregularidad tremenda”, opinó.

En conclusión, Romanín entendió que por la manera en que se dio el proceso y en el marco en el que se tomó la decisión, “constituye una entrega burda”, que “desvirtúa todo”.

Por este motivo concretó una presentación ante la Justicia con el objetivo de que la situación sea “reparada judicialmente” y se declare la nulidad del acto de iniciativa privada.

A su entender, el paso acertado es “llamar a un gran debate, a una audiencia pública y definir el mecanismo de elección del proyecto partiendo de que tiene que ser un destino cultural”.

Consultado por las expectativas respecto de la presentación judicial, se mostró confiado y optimista.

“Creemos en la Justicia. Pensamos que estamos actuando para reparar un daño y que la Justicia va a declarar admisible el recurso”.

Al finalizar, aclaró: “No nos motiva ningún fin especulativo ni comercial, ni nos está pagando la presentación ningún grupo económico”.

Redacción El Atlántico

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s